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domingo, 21 de julio de 2019
Rectificación noticia "Yebes gana la demanda a una promotora que reclamaba más de 10,5 millones"
Escrito por Ángel Sanz   
miércoles, 10 de octubre de 2012 a las 00:19
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Yo, Ángel Luis Sanz Saiz, al hilo de lo publicado en nota de prensa por el Ayuntamiento de Yebes sobre el sobreseimiento y archivo de la causa del procedimiento penal abreviado en la que se me alude, me siento en la obligación de rectificar dicha información conforme al artículo 1 de la ley orgánica 2/1984 de 26 de marzo, y por ello lo hago en los siguientes puntos:

1º. Con referencia a la explicación del Alcalde-Presidente de Yebes, D. Joaquín Ormazábal, durante el pleno del día 27 de septiembre de 2012 (minuto 7'20) donde da cuenta del procedimiento de querella y habla del sobreseimiento, he de decir:
−    Que no es querella sino denuncia, que obvia el hecho de que es provisional y que todo esto se encuentra incluido en un auto recurrido en tiempo y forma ante la Audiencia Provincial y, por tanto, ni es firme ni la causa está archivada.

2º. Con referencia a la nota de prensa emitida por el Ayuntamiento de Yebes, donde se habla de demanda, he de decir:
−    Que las demandas son civiles y que los recursos contenciosos administrativos, como es el caso, se interponen contra resoluciones plenarias que se pueden considerar injustas. En cualquier caso, he de decir de forma clara y rotunda que el auto no es firme, que está recurrido en la Audiencia Provincial y que un Ayuntamiento debe mostrar prudencia y respeto por las resoluciones judiciales y por su firmeza, no manipulando ni equivocando de forma interesada y menos obviando la realidad de los procesos que, a día de hoy, no existen.

3º. El departamento de comunicación del Ayuntamiento de Yebes, dirigido por D. Maximino Rodríguez (más conocido por su bochornoso hacer en un pasado no muy lejano, que incluso marcó un antes y un después en la política informativa provincial de su partido) tiene un coste de 60.000€ para una población que no supera los 2500 habitantes. Por ello, no son de recibo las desinformativas y engañosas notas de prensa emitidas por un desgobernado Ayuntamiento que pueden afectar al buen nombre de cualquier vecino del municipio.

Para constatar que todo lo que rectifico es cierto, adjunto el recurso presentado ante la Audiencia Provincial con fecha 2 de octubre de 2012.

Guadalajara a 5 de octubre de 2012

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE GUADALAJARA DILIGENCIAS PREVIAS PROCED. ABREVIADO 409/2011

AL JUZGADO

    DON GONZALO MARTINEZ LOPEZ, Procurador de los Tribunales y de DON ANGEL LUIS SANZ SAIZ, según consta acreditado en los autos referenciados al margen bajo la Dirección Letrada de Don Jesús L. Martínez Adeva, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, respetuosamente, DIGO:

    Que, en fecha 24 de septiembre de 2012 se me ha notificado Auto dictado el día 20 del mismo mes y año en cuya parte dispositiva se acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la presente causa. Que, al considerar esta parte dicha resolución no ajustada a Derecho y sumamente perjudicial para los intereses de mi representado, por medio del presente escrito vengo a interponer, en tiempo y forma debidas, RECURSO DE APELACION contra el meritado Auto el cuál fundamento sobre la base de los siguientes

MOTIVOS

    PRIMERO. Error en la apreciación de las pruebas por parte del Juzgado de Instrucción, que no son otras que los documentos aportados por mi mandante en su escrito de denuncia y la declaración de uno de los imputados, Don Julio Delgado Embid, que es en la que se ha apoyado el Juzgado Instructor para acordar el sobreseimiento provisional. Inactividad probatoria por parte del Juzgado de Instrucción en lo referente al análisis y cotejo de los documentos aportados por el imputado en su declaración en sede judicial el día 17 de abril de 2012 con los originales unidos a la denuncia interpuesta por mi mandante en el sentido de comprobar si la alteración del contenido de una certificación remitida al TSJ de Castilla La Mancha y al Defensor del Pueblo de Castilla La Mancha son un simple error de transcripción máxime cuando se ha aportado un CD con grabación del Pleno en el que se acredita la veracidad del contenido de la denuncia.

Antes de adentrarnos en mayores explicaciones es preciso tener en cuenta que esta parte comparte con el órgano jurisdiccional “ut supra” referenciado la reserva de las acciones penales para aquellas cuestiones planteadas que revistan ataques graves a los bienes jurídicos objeto de controversia, de acuerdo al principio de intervención mínima del derecho penal, y cuando el resto de las  disciplinas jurídicas sean insuficientes para el análisis de la cuestión planteada, de forma que no cualquier discrepancia surgida entre las partes sería objeto de resolución en el orden penal.

Ahora bien, las cuestiones planteadas en la denuncia interpuesta en su día por mi mandante, Angel Luis Sanz Saiz, contra Don Julio Delgado Embid y otras personas, por la presunta comisión de, entre otros, un delito de falsificación documental consistente en la alteración de unas actas y, a pesar de no revestir a los ojos del Juzgado la importancia esgrimida por la doctrina en aras de solventar el conflicto en el orden jurisdiccional penal, están claramente respaldadas no solo por indicios sólidos y suficientes sino también por soporte documental probatorio que permiten sostener la imputación de los delitos objeto de la denuncia cuando menos hasta que se lleven a cabo por el Juzgado de Instrucción todas las diligencias de prueba necesarias para averiguar si los hechos denunciados por mi mandante revisten o no caracteres de delito o si las actas que se dicen modificadas, alteradas o falsificadas lo fueron realmente o por el contrario, como dice el imputado en su declaración, se trata de un error de transcripción, afirmación ésta que, si se me permite la expresión, raya el absurdo por cuanto ese error de transcripción altera de forma sustancial el contenido del documento y a la primera página de la denuncia nos remitimos para comprobar que ello es así.

    Y, decimos esto a la vista de que la argumentación que el Juzgado de Instrucción recoge en el Único Hecho del auto recurrido lo siguiente:

    “El presente procedimiento se incoó por los hechos que resultan de las anteriores actuaciones, habiéndose practicado las diligencias de averiguación que constan en autos para comprobar la comisión de la infracción penal denunciada.”

    Es decir, y salvo error de esta parte, el Juzgado ha considerado que las diligencias de averiguación que constan en autos son las necesarias para comprobar la comisión de la infracción penal denunciada y, así mismo, salvo error de esta parte, la única diligencia probatoria que nos consta como practicada es la declaración como imputado en sede judicial de Don Julio Delgado Embid y, como veremos a continuación, sin haber sido citados para comparecer a la declaración los profesionales que desde la Diligencia de Ordenación de 9 de enero de 2012 figuran como Procurador y Letrado del denunciante en calidad de acusación particular.

    En resumen y para no extendernos más sobre una cuestión que resulta incontrovertida, esta Dirección Letrada considera que el Juzgado de Instrucción no ha practicado las diligencias de prueba necesarias para la averiguación de los hechos sino que únicamente ha tomado declaración en calidad de imputado a Don Julio Delgado Embid, sin que dicha declaración haya sido sometida a contradicción por el Letrado del denunciante a quien ni siquiera se le ha comunicado el señalamiento a través de su representación procesal, y como quiera que ello es así y como además mi mandante amplió la denuncia contra los miembros de la Corporación Municipal que pudieran tener relación con los hechos denunciados mediante escrito aportado en la Comparecencia de fecha 3 de marzo de 2011 ante el Juzgado de Paz de Chiloeches (Guadalajara), no podemos asumir como válido el argumento de que se han practicado todas las diligencias de prueba para la averiguación de los hechos por cuanto es evidente que no es así ya que ninguno del resto de imputados ha declarado en tal calidad, siendo además de fundamental importancia debido a la contradicción existente entre el denunciante y el Sr. Delgado Embid, tanto la declaración de mi mandante en sede judicial -no mediante exhorto- como un careo entre ambos para fijar y delimitar, más aún si cabe, el objeto del procedimiento.

    En este sentido, y dado que en nuestra opinión se ha producido un vacío probatorio en el presente procedimiento y no nos consta que exista Informe del Ministerio Fiscal –o de existir, no se nos ha notificado- ya sea interesando la práctica de diligencias de prueba ya sea interesando el sobreseimiento, consideramos que no procede el sobreseimiento provisional acordado por el Juzgado de Instrucción y, en consecuencia este primer motivo de apelación debería de ser íntegramente estimado.


SEGUNDO.- Vulneración de derechos fundamentales del artículo 24 de la Constitución Española, en concreto vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al derecho a un proceso en el que se respeten todas las garantías procesales, al derecho de defensa y al derecho a la utilización de las pruebas que se consideren pertinentes. Vulneración del artículo 120.3 de la Constitución Española por falta de motivación del auto recurrido. 

Resumimos en este segundo motivo, lo que, desde nuestro punto de vista, constituye una flagrante vulneración de los derechos fundamentales que se han citado a la vista del contenido del Auto que recurrimos. Así, brevemente.

Como hemos dicho en el motivo anterior, la única prueba que a esta parte le consta practicada por parte del Juzgado de Instrucción es la declaración en sede judicial de Don Julio Delgado Embid como imputado el día 17 de abril de 2012, declaración a la que únicamente acudió su Letrado y no el Letrado del denunciante quien figura personado en autos con representación procesal desde que así se acordó por Diligencia de Ordenación de fecha 9 de enero de 2012. No obstante lo anterior, y si se tratase de un error o el señalamiento fuese anterior a esta resolución, mi mandante, Angel Luis Sanz Saiz, ya dejó designados abogado y procuradora en el escrito que aportó en la Comparecencia llevada a cabo el día 3 de marzo de 2011 ante el Juzgado de Paz de Chiloeches. Es decir, y reiteramos que pudiera tratarse de un error de esta parte por cuanto no se posee la totalidad de las actuaciones, no nos consta que se haya llevado a cabo notificación a la representación procesal del denunciante para comparecer a la declaración del imputado, el Sr. Delgado Embid, en sede judicial y así poder someter a contradicción sus manifestaciones, circunstancia ésta que supone una vulneración del derecho de defensa en su vertiente de igualdad de armas, causante de indefensión a esta parte, máxime si como parece esta declaración, in audita parte,  ha sido considerada por el Juzgado de Instrucción como fundamental para acordar el archivo provisional. La única prueba que existe en la causa, amén de la prolija documental aportada exclusivamente por esta parte, es la declaración del principal denunciado que, como no podía ser de otra forma –lo raro sería lo contrario- niega todas las acusaciones.

Por otro lado, y como ya hemos adelantado más arriba, tampoco se observa que exista informe alguno por parte del Ministerio Fiscal en el que se observe que, habiéndole dado traslado de la denuncia, interese la práctica de diligencias de prueba o, por el contrario, el sobreseimiento provisional de la causa y ello resulta importante porque, salvo error u omisión de esta parte, es el Juzgado Instructor quien resuelve en el sentido indicado a la vista del contenido de la declaración prestada por el Sr. Delgado Embid.

Y, por último decir que, en nuestra opinión, estamos en presencia de un auto estereotipado de sobreseimiento provisional y archivo de la causa dictado prescindiéndose de las normas más esenciales del procedimiento, sin que se hayan practicado pruebas necesarias e imprescindibles para el esclarecimiento de los hechos, sin que se haya recabado la opinión de la Fiscalía y sin que se haya producido una mínima actividad probatoria, excepto la ya referida, que nos haga presuponer la inexistencia de los delitos denunciados. Y, desde luego, la argumentación esgrimida en el Único Razonamiento Jurídico no es ni mucho menos aceptable por cuanto se trata de una valoración subjetiva sobre una única prueba –declaración de imputado sin ser sometida a contradicción- obviándose cualquier referencia y valoración sobre el soporte documental y videográfico unido a la denuncia que, cuando menos y al haber aportado el denunciado documentos en su declaración, deberían de haberse cotejado con los obrantes en autos o, en su caso, haber llevado a cabo diligencias de averiguación sobre cuál o cuáles son que realmente fueron elaborados en el Pleno y los que, en su caso, fueron manipulados porque desde luego de lo que se trata a la vista del contenido de los mismos es de un mero error de transcripción ya que este solo tendría sentido cuando no se altera el contenido de un documento y, por supuesto, este no es el caso.

En este sentido y a la vista de todo lo expuesto, esta parte considera, que este segundo motivo debe ser, al igual que el anterior, íntegramente estimado.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

-    Constitución Española.
-    Ley Orgánica del Poder Judicial.
-    Ley de Enjuiciamiento Criminal.
-    Ley de Enjuiciamiento Civil.
-    Código de Comercio.
-    Jurisprudencia del Tribunal Supremo.
-    Doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional.


Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO PARA ANTE LA AUDIENCIA, que teniendo por presentado este Escrito, se sirva admitirlo y por interpuesto, en tiempo y forma, RECURSO DE APELACION frente al Auto de fecha 20 de septiembre de 2012 acuerde su revocación dictando en su lugar otro más ajustado a Derecho en el que se acuerde continuar la tramitación de la presente causa procediendo a la práctica de las diligencias de prueba que se estimen convenientes y que legal y legítimamente sean interesadas por las partes y, tras su práctica, ordene la continuación por los trámites del procedimiento abreviado con los efectos inherentes a dicha declaración.

OTROSI DIGO, que  a tenor de lo preceptuado en el artículo 766 LECrim, se señalan como particulares que han de testimoniarse los siguientes:

-    La totalidad de las actuaciones que integran la causa.

SUPLICO AL JUZGADO PARA ANTE LA SALA, que tenga por designados, para su testimonio y elevación a la Audiencia Provincial, los anteriores particulares.

SEGUNDO OTROSI DIGO, que, a tenor de lo previsto en el artículo 230 de la LECrim, interesa al derecho de esta parte se señale día para la vista oral.

AL JUZGADO PARA ANTE LA SALA NUEVAMENTE SUPLICO, se sirva señalar día y hora para la celebración de vista oral según se deja interesado.


Es Justicia que pido en Guadalajara a 1 de octubre de 2012.

 

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